Cicero Niega Acusaciones en Demanda Federal por parte de Persona que Intentaba Entregar Citatorio, Presenta Moción para Quitar Cargos Contra Oficiales
Por Ankur Singh
En una respuesta presentada en un tribunal federal, el Town de Cicero ha negado las acusaciones en una demanda presentada a principios de este verano por William Rivera, un servidor de procesos que fue arrestado el año pasado mientras intentaba entregar una citación al presidente, Larry Dominick. El Town de Cicero también presentó una moción para que se retiren los cargos contra nueve de los 11 oficiales nombrados en la demanda.
El 7 de junio de 2018, Rivera fue arrestado por la policía de Cicero mientras conducía por la ciudad para entregar una citación a Dominick. La citación ordenó a Dominick a presentarse en corte para que fuera depuesto en una demanda separada contra el presidente de la cámara de Illinois, Michael Madigan. Un juez federal decidió recientemente que Madigan no era culpable de presentar candidatos falsos durante las elecciones de 2016.
La denuncia de Rivera alega que hubo cuatro violaciones de la ley federal y que la policía de Cicero lo registró ilegalmente, usó fuerza excesiva, lo encarceló falsamente y que agentes que observaban no intervinieron. Afirma que la policía lo detuvo en una celda de prisión helada, le impidió llamar a un abogado y le obligaron a confesar.
El Town de Cicero niega haber violado ninguno de los derechos constitucionales de Rivera.
Uno de los principales puntos de discusión es si Rivera robó o no un paquete. Rivera afirma que recogió una caja para confirmar si estaba en la residencia de Dominick mientras entregaba la citación y luego la devolvió al suelo. La ciudad de Cicero argumenta que Rivera "tomó posesión de la caja del asunto por error e ilegalmente." Pero las imágenes de la cámara de seguridad obtenidas recientemente por WGN News no muestran a Rivera robando ningún paquete.
De los 11 policías de Cicero que Rivera nombró en la demanda, Cicero presentó una moción para que se retiren los cargos contra nueve de ellos. La ciudad argumenta que no hay suficientes pruebas en la queja original de Rivera para responsabilizar a estos nueve oficiales de lo que se alega.
El tribunal decidirá si los cargos deben ser retirados o no el 24 de octubre.
